La represión policial contra las disidencias sexuales en Montevideo tuvo tres picos de actividad durante el siglo XX: entre 1923 y 1927; entre 1959 y 1963, y en el período dictatorial, entre 1973 y 1985.

El primero de estos picos fue fruto de la obsesión de Juan Carlos Gómez Folle, Jefe de Policía de Montevideo entre 1923 y 1927, quien hizo público su objetivo de "limpiar" la ciudad de "depravados sexuales". Entre los años 1921 y 1930, las detenciones de homosexuales bajo las figuras de “ultraje al pudor”, “atentado al pudor” y “actos inmorales” se multiplicaron por diez, con respecto a los períodos anteriores.

En 1934 la sodomía sería eliminada del Código Penal. Sin embargo, esto no significó un alto en la violencia y arbitrariedad policial hacia las disidencias. Empezaron a surgir nuevas prácticas policiales como las acusaciones de delitos contra la moral y las buenas costumbres, muchas veces con testigos dudosos o inexistentes. Por esta razón, será el Departamento de Orden Público el que se ocupará de la mayoría de las acciones contra las disidencias sexuales, incluso en períodos de relativa calma.

Un segundo empuje fue organizado durante el mandato del Coronel Mario Aguerrondo, ultraconservador Jefe de Policía entre los años 1959 y 1963. La policía persiguió en las calles a homosexuales y llevó a cabo grandes razzias contra reuniones privadas.

Hacia fines de los años sesenta, y especialmente durante la dictadura cívico - militar (1973-1985), la violencia policial se intensificó, acompañando la reacción conservadora de una parte de la sociedad. En 1976, una vez más, el jefe de Policía de la ciudad, Coronel Alberto Ballestrino Valls, miembro fundador junto con Aguerrondo de la logia golpista Tenientes de Artigas, declararía su intención de “limpiar” la ciudad de “la actividad perniciosa del homosexualismo”. En este marco, se llegó a detener en una ocasión a más de trescientos “homosexuales” a raíz del asesinato de un hombre homosexual.

Es en ese momento en que la Jefatura de Policía se vuelve el epicentro de la violación de los derechos humanos de homosexuales y travestis, prolongándose los periodos de detención (desde veinticuatro horas a dos semanas) y deteriorándose las condiciones de encierro. Las detenciones, muchas en carácter de “averiguaciones”, suponían todo tipo de aberraciones, desde maltrato hasta violencia sexual y torturas.

La población travesti-trans sufrió especialmente la violencia coordinada de la Policía y el régimen militar. Violencia que subsistió, aunque atenuada tras la apertura democrática, como práctica hasta la decriminalización del trabajo sexual callejero en el año 2002.

Además, en los años ochenta, en el contexto de una incipiente democracia, varios bares y boliches que nucleaban a distintas comunidades LGBTIQ+ fueron escenario de grandes operativos policiales.

La violencia policial hacia las disidencias sexuales en Montevideo refleja un patrón de represión en busca de la normalización y el control moral que ha persistido durante gran parte de la historia de la ciudad. La policía fue uno de los actores principales de encarnar de las normas cisheteronormativas y patriarcales, jugando un papel central en la opresión de homosexuales, lesbianas, travestis y personas trans.