A lo largo de la historia de Uruguay, las razzias fueron una herramienta utilizada por las autoridades para ejercer control social y moral. Estas operaciones policiales sorpresivas, que buscaban arrestar a un gran número de personas, se justificaban generalmente bajo la premisa de mantener el orden público y combatir la criminalidad. Sin embargo, su arbitrariedad y violencia recayeron sobre grupos disidentes y marginados.

La razzia de Anzani, ocurrida a finales de los años cincuenta, fue particularmente brutal y marcó un antes y un después en el imaginario colectivo respecto a las disidencias sexuales. Durante los festejos de un cumpleaños privado, la policía acudió ante el llamado de vecinos, rodeó la vivienda denunciada con camiones y barricadas, y detuvo a setenta y un asistentes, mientras el resto escapaba por los techos contiguos.

No se trató de un hecho aislado, sino que fue parte de una estrategia más amplia de control y represión, que emitía mensajes claros de creciente intolerancia a las disidencias sexuales por parte del Estado ver Jefatura de Policia.

Aunque las razzias existían desde antes, su uso recrudeció durante el período de la dictadura cívico-militar (1973-1984), convirtiéndose en un instrumento clave de represión para consolidar un orden moral conservador. Las disidencias sexuales eran consideradas una amenaza para la "moralidad" y el "orden" de la sociedad. Durante estos procedimientos, la población disidente era detenida, humillada y maltratada, tanto física como psicológicamente. Algunos testimonios relatan incluso el abuso sexual y la tortura.

En la primera década de la democracia, las autoridades continuaron llevando a cabo numerosas razzias en distintos puntos de Montevideo, dirigidas contra personas homosexuales, trabajadoras y trabajadores sexuales, jóvenes pertenecientes a tribus urbanas, poblaciones afrodescendientes y cualquier grupo considerado "indeseable".

En el contexto de la lucha contra estas prácticas represivas se creó la Coordinadora Anti-Razzias en 1988. Esta organización surgió en respuesta a la creciente violencia y arbitrariedad policial, reuniendo a diversos grupos de apoyo en varios barrios de Montevideo, incluidos Homosexuales Unidos, la ASCEEP-FEUU, revistas y fanzines, agrupaciones liceales y grupos barriales de teatro.

Uno de los momentos más significativos en la historia de la Coordinadora fue la protesta masiva tras la muerte en una comisaría de Guillermo Machado, un obrero militante del SUNCA. El impacto de estas movilizaciones fue significativo: el Ministro del Interior, Antonio Marchesano, fue cesado en su cargo, y el subcomisario fue procesado. El nuevo Ministro, Francisco Forteza hijo, suspendió la realización de razzias, aunque el decreto que las permitía no fue derogado hasta 2005. Las detenciones arbitrarias de trabajadoras y trabajadores sexuales siguieron siendo moneda corriente hasta entrada la década de los 2000.